Redacción
A más de una década de mantener congeladas las cuentas de varios empresarios afectados por el caso de la Banca Privada de Andorra, la controvertida jueza Stephanie García y Joan Carles Moynat Rossell continúan obstaculizando la resolución a favor de uno de los empresarios, intentando desprestigiarlo sin que se le haya comprobado que el origen de sus recursos sea ilícito.
Entre los afectados hay mexicanos que suman varios millones de euros retenidos de manera injusta, bajo procedimientos poco claros de las autoridades del Principado de Andorra, donde impera la opacidad y la violación de derechos humanos. Uno de los empresarios, que por seguridad ha preferido no exponer sus datos personales, expresó su preocupación por los argumentos infundados que buscan despojarlo de sus bienes, tratando de vincularlo con lavado de capitales, a pesar de que auditorías internacionales han sostenido que sus negocios son completamente lícitos.
“Es una mentira más que están utilizando las autoridades de Andorra en mi contra. Después de casi 10 años, siguen dañando mi integridad, cometiendo actos de discriminación por ser mexicano. He vivido una persecución y un daño a mi patrimonio irreversible”, mencionó el empresario.
Responsabiliza a Joan Carles Moynat Rossell por iniciar la persecución en su contra, valiéndose de su cargo para girar una orden de aprehensión injustificada, con el fin de amenazar e intentar extorsionar al empresario. El equipo legal del empresario indicó que la jueza Stéphanie García ha presentado un argumento sin sustento para acusarlo de lavado de dinero, lo que expone una difamación y violación a los derechos humanos del afectado.
Además, la Fiscalía General de la República de México, a través de su oficina de asuntos internacionales, emitió un documento de asistencia jurídica en favor del empresario, donde se manifiesta su inocencia y la inexistencia de pruebas que lo vinculen con conductas ilícitas. Este documento llama al Principado de Andorra a respetar los acuerdos internacionales y no violentar los derechos del mexicano.
Antoni Riestra, abogado de uno de los empresarios, confesó que tiene una amistad con la jueza Stephanie García y que es el único abogado que ella permite para su representación. Mencionó que la jueza le comentó en privado que no confía en la información oficial proveniente de México por la corrupción, un insulto desvergonzado y contraproducente, dado que Andorra ha solicitado información a México y decide desconfiar de su veracidad.
Expertos juristas mexicanos han reclamado esta situación, argumentando que si la información enviada es a favor de los clientes y sirve para demostrar su inocencia, las autoridades andorranas no deberían descalificarla, ya que esto vulnera la soberanía de México y los convenios internacionales.
Cabe mencionar que la jueza Stéphanie García ha estado a cargo de diversos casos de persecución contra empresarios extranjeros que invirtieron capitales en Andorra, siendo causante del despojo de sus cuentas bancarias bajo acusaciones infundadas.
Una vez más, intenta criminalizar a un empresario, operando uno de tantos despojos en un país donde, tras liquidar la Banca Privada de Andorra (BPA), el estado se ha apropiado de su dinero sin ningún elemento que demuestre que proviene de actividades ilícitas, sin opción a defenderse, basando las acusaciones en suposiciones infundadas.
Lo más grave ha sido la intimidación y los intentos de extorsión por parte de los funcionarios cómplices Stephanie García y Joan Carles Moynat, quienes, mediante amenazas de órdenes de aprehensión, pretenden que los empresarios renuncien a parte de su patrimonio. La situación se agravó cuando al empresario se le ofreció renunciar al 70% de la totalidad de los dineros aprehendidos a cambio de levantar las medidas cautelares, propuesta que el empresario rechazó rotundamente.
Actualmente, el empresario mexicano confía en el apoyo de las autoridades mexicanas competentes para defender sus derechos ante las acusaciones arbitrarias de Andorra, y espera que sus abogados logren una resolución favorable que le permita recuperar su patrimonio y aclarar las injustas acusaciones en su contra.
